en octubre 28, 2020
Emergencia humanitaria viven las personas con discapacidad por Covid 19
Por: Tatiana Yelena Rodríguez Mojica. @tatiana_tatiy
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En Colombia vivir con una discapacidad es un reto, no solamente por la discriminación a la que son sometidas las personas con discapacidad, sino también porque se les vulneran todos sus derechos. El desconocimiento, los imaginarios sociales sumado a las barreras físicas, sociales, económicas y de actitud hacen parte de la cotidianidad de esta población.
En nuestro país según el DANE El 7,2% de Los Colombianos tiene alguna discapacidad, lo que se traduce en cerca de tres millones y medio de personas con discapacidad. Mientras que, La Organización Mundial de la Salud OMS presenta un estimado de alrededor del 15% de la población con alguna discapacidad en Colombia; una investigación realizada en el 2016 por la Universidad La Gran Colombia muestra que la tasa de desempleo para la población con discapacidad visual es siete veces la del país (62%) siendo la tasa de desempleo para mujeres del 69% y la de los hombres del 54%. Estas cifras antes de esta coyuntura y relacionadas únicamente con personas con discapacidad visual, es decir, ciegos y baja visión que en nuestro país son aproximadamente 1.948.332 personas, sin tener en cuenta las mujeres y hombres con otras discapacidades, que según la Convención de la Organización de Naciones Unidas ONU son siete: la nombrada anteriormente, auditiva, física, sordoceguera, intelectual, sicosocial y múltiple.
El 80 % de esta población no cuentan con un empleo por lo que viven de trabajos informales, de emprendimientos o del rebusque; las largas cuarentenas, el desempleo y el descenso de la economía están afectando gravemente a las personas con discapacidad. Es el caso de Alexander Rodríguez ingeniero electrónico quien tiene discapacidad visual por diabetes, en compañía de Angélica Miranda su esposa crearon hace 7 años Tu Donati, un emprendimiento de diseño y confección de uniformes para empresas y colegios, vestidos de primera comunión, novias y trajes formales; generando tres puestos de empleo, al inicio de la cuarentena en Bogotá se vieron en la necesidad de despedir dos de sus trabajadoras y al mes siguiente la restante; aunque se reinventaron haciendo tapabocas y otros productos no lograron un margen de utilidad que les permita pagar servicios, arriendo, en fin continuar funcionando: “nunca había necesitado ningún subsidio del estado, afortunadamente con mi trabajo y el negocio nos hemos solventado; dadas las circunstancias me postulé a uno de esos auxilios, mi radicación ha circulado por distintas entidades y hasta el momento no tengo ninguna respuesta clara, tuvimos que cerrar el negocio, no teníamos como pagar el arriendo y toda la mercancía está guardada”, menciona Alexander con preocupación.
Por otra parte, están las mujeres con discapacidad que según investigaciones padecen interseccionalidad, es decir, una doble discriminación, por ser mujeres y vivir con una discapacidad; así mismo, varios tipos de violencia y una situación económica crítica, problemáticas que se han agudizado durante la pandemia. Maribel Cudris asistente administrativa, madre de dos hijos, una niña de 11 y un niño de 13 años y mujer con discapacidad física, tras varios meses buscando empleo se encontraba trabajando con un contrato por prestación de servicios en una Fundación, contrato que fue suspendido por la contingencia; “me encuentro desesperada, no consigo empleo, a las personas con discapacidad apenas se dan cuenta de nuestra condición nos rechazan la hoja de vida, durante la pandemia me ha tocado vivir de las ayudas, yo soy una mujer autónoma, independiente y no me gusta estar pidiendo, eso me tiene muy triste, tengo las capacidades para responder laboralmente en una empresa” resalta Maribel; otra dificultad que se le presenta a esta mujer que además es tejedora de artesanías, es que luego de separarse del papá de sus hijos por maltrato sicológico, se encuentra en una disputa con él por la custodia de los niños, el pasado 31 de julio sus hijos fueron llevados por el papá para pasar unos días en su casa y desde ese momento no los volvió a ver, su expareja no quiere que ella viva con sus hijos y además la amenaza sicológicamente para que no entable acciones legales. Agrega Maribel: “las mujeres con discapacidad somos excluidas socialmente, estamos completamente desprotegidas por el estado, se nos niega el derecho a ser madres y varias veces este interviene para quitarnos nuestros hijos, he dedicado mi vida al cuidado de mis hijos y esta situación me tiene agobiada, lo que más deseo es estar con ellos”.
La otra cara de esta problemática son las mujeres y hombres con discapacidad que logran un título profesional, de Magister o de Doctorado pues su inserción laboral es muy difícil, existen muchos imaginarios sociales sobre esta población y su productividad; del mismo modo, en las pocas empresas, entidades distritales y estatales que contratan personas con discapacidad no se les garantiza los ajustes razonables necesarios para el desarrollo eficaz de su actividad, generándoles sobre carga y discriminación. También, otro fenómeno que está siendo reiterativo es que algunas organizaciones que dicen trabajar en pro de las personas con discapacidad invitan a profesionales y expertos con discapacidad a que los asesore en temas técnicos, especializados, de inclusión, pero no les pagan, ni siquiera se les hace el reconocimiento académico o social, lo peor es que generalmente tienen presupuesto para proyectos que beneficien a esta población pero esos recursos nunca llegan a las mujeres y hombres con discapacidad. Por lo que se refiere al decreto 2011 de 2017 que habla de la cuota mínima de personas con discapacidad que deben contratar las entidades del estado, no existen cifras claras de cuantas personas están vinculadas ni si se está cumpliendo con este decreto.
En cuanto a la salud de las personas con discapacidad el panorama es crítico, no hay una atención integral, que les permita por ejemplo recibir pañales, cremas anti escaras y medicamentos de alto costo, fácilmente, sin trámites extenuantes, en su casa y sin la medida desesperada de la acción de tutela. Respecto a lo anterior Alexander Meza coordinador de asesorías de La Red Centro Oriental de Personas Con Discapacidad denuncia: “el proyecto de ley 0-10 de 2020 Senado, de Cambio Radical que supuestamente beneficia a la salud porque acaba con las EPS y los trabajadores de este sector serían contratados directamente y no por prestación de servicios, proyecto que perjudica a toda la ciudadanía porque acaba con las tutelas en salud y las ganadas por los usuarios no serían válidas”; los artículos 6, 16, y 17 no mencionan que las EPS ahora aseguradoras en salud tengan la obligación de respetar los derechos adquiridos por los usuarios mediante la tutela, dejando un vacío jurídico; este proyecto desconoce los artículos 2.1.11.10 y 2.1.7.17 respectivamente de los decretos 1424 de 2019 y 780 de 2016 que establecen que las EPS tienen la obligación de heredar o ser receptoras de los fallos de tutela cuando los afiliados son trasladados de una EPS a otra, o cuando una EPS es liquidada, poniendo en riesgo la salud de los colombianos especialmente la de las personas con discapacidad.
De otro lado, el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad ha aumentado su vulnerabilidad, pues muchos hogares conformados por personas con discapacidad no cuentan con un computador, un smartphone ni un empleo estable y por consiguiente no pueden pagar un plan de internet para garantizar la conectividad de sus hijos. Con respecto a escuelas, colegios y universidades no implementaron estrategias efectivas para que estudiantes con discapacidad por ejemplo visual o auditiva recibieran clases en igualdad de condiciones con los demás a través de aplicaciones accesibles a lectores de pantalla y traducción en lengua de señas. Es el caso de Liliana Saldaña y su hijo David Esteban de 13 años, los dos con discapacidad visual, ella se dedicaba desde hace 7 años al cuidado de adultos mayores, apenas inicia la pandemia pierde su trabajo: “soy madre soltera, he logrado conseguir lo de la comida y los servicios pero no puedo pagar internet” Liliana y David Esteban se encuentran estudiando, ella valida el bachillerato y su hijo cursa quinto de primaria, no tienen computador razón por la que los dos no están recibiendo clases a través de aplicaciones, cuando puede hace una recarga para tener datos en el celular y las profesoras por WhatsApp les envían las tareas; agrega Liliana: “todos los compañeros de David si pueden tener clases porque tienen las herramientas, mi mayor deseo es que él pueda estudiar, ser alguien en la vida, lograr sus sueños, que sea feliz”. En cuanto a David sueña con publicar un libro que está escribiendo en braille, terminó el capítulo nueve.
A su vez, maestras y maestros con discapacidad en la mayoría de los casos debieron buscar sin ninguna asesoría la herramienta accesible para continuar con las clases y cumplirle a sus estudiantes, sin apoyo de las instituciones académicas ni del ministerio.
Otra situación angustiante es la del sector de la cultura de las y los artistas con discapacidad, al respecto José David Díaz artista, gestor cultural y director de la asociación Integrarte RD menciona: “la mayoría de artistas con discapacidad debido a la poca garantía de los derechos no tienen acceso a la formación profesional , por lo que se encuentran en desventaja para su inserción laboral, muchos trabajan en el transporte público, en los restaurantes, bares, en las calles, la pandemia nos está afectando gravemente, este es uno de los sectores que primero salió de circulación y es de los que más va a tardar en reactivarse”. Aunque, se ha destinado presupuesto en distintos programas para ayudar el sector de la cultura, poco ha sido para las y los artistas con discapacidad; simultáneamente, no hay una formación en diseño, planeación y ejecución de proyectos de esta población por lo que es difícil que accedan a ellos. Concluye este músico y compositor colombiano “las universidades con programas artísticos no se han preocupado por generar caminos de inclusión para que los artistas con discapacidad puedan ser profesionales y así competitivos, se nos debe medir es por la calidad de nuestras producciones estéticas y no por la condición de discapacidad, claro está potenciando la humanidad”.
Por otra parte, si los escenarios nombrados anteriormente son desalentadores, aún más con la situación de las personas con discapacidad sicosocial como lo relata Olga Rocío Chaparro magister en Gobernabilidad y Democracia, activista de los derechos de las personas con discapacidad, y mujer con discapacidad sicosocial: “en tiempos de pandemia las personas con mi misma condición bipolar, hemos vivido momentos muy difíciles que la mayoría de personas desconocen pues en mi caso entré en depresión porque las rutinas y el aislamiento me congestionan y me hacen proclive a la tristeza, esto sobre todo el primer mes, es una carga excesiva mental; he tratado de no dejarme llevar por esa tristeza, recuperar lo que soy; aunque estamos separados la virtualidad nos une y la lectura me ha ayudado, es una lucha interna ”. Otras de las circunstancias que ha profundizado el dolor de esta lideresa son los asesinatos de los líderes sociales y el hambre que padecen las personas con discapacidad en esta coyuntura.